Bogotá, 3 de agosto de 2020. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la entonces alcaldesa de Barbosa, Santander, Deyanira Ardila González (2016-2019), por presuntamente tener al servicio del ente municipal a un tercero ajeno a la entidad.
Al parecer, entre enero de 2018 y diciembre de 2019, la investigada habría permitido que una persona, sin vinculación mediante nombramiento y posesión, o través de un contrato de prestación de servicios ejerciera la custodia del recinto donde funciona la planta de sacrificio animal, una actividad que correspondía a la alcaldía.
Para la Procuraduría Provincial de Vélez pudo haberse puesto en riesgo un bien inmueble de la administración municipal al dejar su vigilancia y cuidado “(…) en manos de quien no tenía la obligación legal o contractual (…)”.
Entre las presuntas normas transgredidas el ente de control citó el numeral 31 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 que establece que a todo servidor público le está prohibido “tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad”.
En esta etapa procesal la posible falta de Ardila González fue calificada provisionalmente como grave cometida a título de culpa grave, por inobservar el cuidado necesario que cualquier persona le imprime a sus actuaciones.
La exmandataria podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa.
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